La Secretaría para la Economía de la Santa Sede emitió el pasado 5 de agosto un nuevo reglamento en forma de Motu Proprio, denominado Decreto General Ejecutivo n. 1/2025 “Per meglio armonizzare”.
Se trata de un texto de 52 artículos distribuidos en ocho títulos, firmado por el prefecto Maximino Caballero Ledo, que regula de manera amplia el proceso de centralización, programación y planificación de todas las adquisiciones de bienes, servicios, obras y trabajos de las instituciones curiales, de las oficinas de la Curia Romana y de las entidades vinculadas a la Santa Sede o que dependen de ella, entre otras incluidas en los estatutos del Consejo para la Economía. También es aplicable a personas que, de cualquier forma y por cualquier motivo, participen en dichas actividades o puedan influir en sus métodos o resultados.
A lo largo de sus 42 páginas, el documento establece numerosos procedimientos y requisitos orientados a la transparencia y la rendición de cuentas. Entre ellos destaca la “obligación de motivar las acciones y disposiciones”, que exige una exposición clara y concisa de los fundamentos fácticos y jurídicos de cada acto, la descripción de la investigación realizada, la identificación de las personas que intervinieron y las evaluaciones emitidas por la entidad que llevaron a su adopción. En otras palabras, se busca que todo proceso quede documentado de forma técnica y precisa, garantizando un registro íntegro de cada operación específica realizada por una entidad.
El reglamento también amplía lo referente a la publicación de pliegos, escrituras y disposiciones de licitación, con el objetivo de asegurar la transparencia e igualdad entre proveedores. Establece la obligación de que todos los documentos, registros y disposiciones relativos a un procedimiento de contratación se publiquen en los medios oficiales designados.
Un punto especialmente relevante es la definición del Calendario de Compras, que parte del presupuesto anual e incluye detalles como el cliente, el objeto de la compra, el tipo de procedimiento, el importe estimado del contrato, la especialización requerida y la fecha prevista para iniciar el proceso. En nuestra opinión, esta medida reduce al mínimo la posibilidad de gastos innecesarios o de decisiones improvisadas que se aparten de lo planificado.
En general, el decreto recoge buenas prácticas en la gestión de activos y bienes eclesiásticos, con el propósito de lograr un uso más eficiente, transparente y trazable de los recursos. La rendición de cuentas no es solo un mecanismo de fiscalización, sino también una herramienta para mejorar, consolidar y dar seguimiento a los procesos, beneficiando a toda la institución: responsables, proveedores y, en última instancia, la misión de la Iglesia.
Si bien estos procedimientos están diseñados principalmente para la Curia y las entidades directamente vinculadas a la Santa Sede, invitamos a todos los responsables de la gestión de bienes eclesiásticos a leer el documento y adoptar, en la medida de lo posible, estas prácticas como forma de autorregulación en favor de su misión y de sus procesos internos.
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